El trágico accidente de esta semana en
Lorca ha conmocionado a toda la región de Murcia. Las víctimas mortales eran doce
trabajadores inmigrantes ecuatorianos. Como además estamos en fechas navideñas el pulso
de los sentimientos y especialmente el de la solidaridad parece que está muy alto en casi
todos nosotros. Esto ha facilitado una presencia activa y una respuesta generosa por parte
de las personas e instituciones públicas, municipales y autonómicas, civiles y
religiosas, para atender las necesidades inmediatas derivadas de la catástrofe: la
atención debida a los heridos, la celebración del funeral, el acompañamiento adecuado a
las familias dolientes y, finalmente, incluso la financiación de los ocho millones de
pesetas en concepto de traslado de los cadáveres a Ecuador con cargo a las tres
administraciones. No nos podemos quejar de la provisión de medios y de la pompa solidaria
correspondiente al afrontar los problemas de tan magno desastre.
Sin embargo, las circunstancias en que ha
ocurrido el accidente apuntan hacia otros interrogantes de fondo acerca de las condiciones
de vida a las que están sometidos los trabajadores inmigrantes, condiciones que delatan
una política migratoria lamentable y una situación laboral de explotación económica,
cuya injusticia clama al cielo. Era una furgoneta con sobrecarga de mano de obra
agrícola, pobre y barata, y se dirigía a una de las muchas empresas de nuestra región
donde son práctica habitual, sobre todo con inmigrantes, las irregularidades laborales,
tales como la carencia de contratos, los salarios reducidos a personas sin documentos
legales o la prolongación de la jornada laboral.
Los empresarios agrícolas se quejan, a su
vez, de la lentitud de la Administración en la tramitación y concesión de credenciales
legales a los indocumentados, de modo que se ven abocados a tener que servirse de estos
trabajadores aunque sea, a veces, en circunstancias no deseadas por ellos. Si a eso
añadimos una cierta dilación permisiva o una posible connivencia en los controles por
parte de las inspecciones de trabajo, o la irrelevancia de las eventuales sanciones, el
resultado es la situación injusta de abuso y explotación en que se encuentran los
sectores más pobres de la población, especialmente los inmigrantes que, como los hechos
desgraciadamente muestran, son los que al fin pagan las consecuencias. Algunos analistas
sociales hablan de la «funcionalidad» económica de la «ilegalidad» de los inmigrantes
en el sistema capitalista, puesto que la irregularidad de los inmigrados facilita su
explotación, reduce los costes de contratación, fragiliza su posición negociadora
frente al patrón y debilita sus posibilidades de oposición a condiciones laborales
draconianas e injustas.
Esta cadena de injusticia exige una
denuncia firme de parte de los cristianos. Especialmente hoy, cuando se celebra el
bautismo de Jesús, nuestra atención se concentra en aquél sobre el que viene el
Espíritu de Dios y se presenta ante todas gentes como el Siervo, cuya misión primera es
la promoción e implantación del derecho ante todas las naciones de la tierra (Is 42,
1-3). El evangelio de Lucas resalta el carácter profético del Mesías, cuya justicia se
consuma y se revela definitivamente en su muerte (Lc 23,47). Por eso todos los bautizados,
impulsados por el mismo Espíritu, hemos de recuperar la fuerza crítica del profeta,
poner nuestro empeño firme en la promoción del derecho y trabajar incansablemente por la
liberación de los oprimidos y explotados de toda la tierra, particularmente de los
inmigrantes de la nuestra.
José Cervantes es sacerdote y profesor de
Sagrada Escritura