El trágico accidente de esta semana en Lorca ha conmocionado a toda la región de Murcia. Las víctimas mortales eran doce trabajadores inmigrantes ecuatorianos. Como además estamos en fechas navideñas el pulso de los sentimientos y especialmente el de la solidaridad parece que está muy alto en casi todos nosotros. Esto ha facilitado una presencia activa y una respuesta generosa por parte de las personas e instituciones públicas, municipales y autonómicas, civiles y religiosas, para atender las necesidades inmediatas derivadas de la catástrofe: la atención debida a los heridos, la celebración del funeral, el acompañamiento adecuado a las familias dolientes y, finalmente, incluso la financiación de los ocho millones de pesetas en concepto de traslado de los cadáveres a Ecuador con cargo a las tres administraciones. No nos podemos quejar de la provisión de medios y de la pompa solidaria correspondiente al afrontar los problemas de tan magno desastre.

Sin embargo, las circunstancias en que ha ocurrido el accidente apuntan hacia otros interrogantes de fondo acerca de las condiciones de vida a las que están sometidos los trabajadores inmigrantes, condiciones que delatan una política migratoria lamentable y una situación laboral de explotación económica, cuya injusticia clama al cielo. Era una furgoneta con sobrecarga de mano de obra agrícola, pobre y barata, y se dirigía a una de las muchas empresas de nuestra región donde son práctica habitual, sobre todo con inmigrantes, las irregularidades laborales, tales como la carencia de contratos, los salarios reducidos a personas sin documentos legales o la prolongación de la jornada laboral.

Los empresarios agrícolas se quejan, a su vez, de la lentitud de la Administración en la tramitación y concesión de credenciales legales a los indocumentados, de modo que se ven abocados a tener que servirse de estos trabajadores aunque sea, a veces, en circunstancias no deseadas por ellos. Si a eso añadimos una cierta dilación permisiva o una posible connivencia en los controles por parte de las inspecciones de trabajo, o la irrelevancia de las eventuales sanciones, el resultado es la situación injusta de abuso y explotación en que se encuentran los sectores más pobres de la población, especialmente los inmigrantes que, como los hechos desgraciadamente muestran, son los que al fin pagan las consecuencias. Algunos analistas sociales hablan de la «funcionalidad» económica de la «ilegalidad» de los inmigrantes en el sistema capitalista, puesto que la irregularidad de los inmigrados facilita su explotación, reduce los costes de contratación, fragiliza su posición negociadora frente al patrón y debilita sus posibilidades de oposición a condiciones laborales draconianas e injustas.

Esta cadena de injusticia exige una denuncia firme de parte de los cristianos. Especialmente hoy, cuando se celebra el bautismo de Jesús, nuestra atención se concentra en aquél sobre el que viene el Espíritu de Dios y se presenta ante todas gentes como el Siervo, cuya misión primera es la promoción e implantación del derecho ante todas las naciones de la tierra (Is 42, 1-3). El evangelio de Lucas resalta el carácter profético del Mesías, cuya justicia se consuma y se revela definitivamente en su muerte (Lc 23,47). Por eso todos los bautizados, impulsados por el mismo Espíritu, hemos de recuperar la fuerza crítica del profeta, poner nuestro empeño firme en la promoción del derecho y trabajar incansablemente por la liberación de los oprimidos y explotados de toda la tierra, particularmente de los inmigrantes de la nuestra.

 

José Cervantes es sacerdote y profesor de Sagrada Escritura